La amenaza contra la democracia en Costa Rica y América
La democracia costarricense, al igual que la de muchos países del continente, enfrenta una amenaza silenciosa pero profunda: la infiltración de corrupción en las instituciones y la pérdida del verdadero poder del pueblo. Lo que antes se reconocía como el equilibrio entre los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se ve hoy comprometido por intereses económicos y políticos que buscan manipular las leyes en beneficio de unos pocos.
Corrupción y concentración del poder
En las últimas décadas, múltiples reformas legales y decisiones administrativas han favorecido la concentración de poder, debilitando los controles democráticos y reduciendo la independencia de los poderes. Esta situación genera una nueva forma de dictadura moderna: una aparente democracia representativa, pero controlada por grupos que financian campañas, influyen en decisiones judiciales y manipulan la información pública.
Manipulación social y debilitamiento ciudadano
La corrupción no solo se traduce en desvío de fondos o tráfico de influencias; también se manifiesta en la manipulación del discurso público. La población es expuesta a narrativas que buscan dividirla, desinformarla y hacerle creer que no tiene poder real. Cuando los ciudadanos dejan de creer en sus instituciones, el terreno está listo para el autoritarismo disfrazado de legalidad.
Una amenaza continental
América Latina ha sido escenario constante de gobiernos que, bajo el lenguaje de la democracia, han acumulado poder absoluto. Cambios constitucionales, control de medios, persecución judicial o mediática, y el uso del miedo como herramienta política son patrones que se repiten en distintos países. Costa Rica no está exenta de esta tendencia, y es precisamente esa aparente estabilidad la que puede volverse su punto más débil.
Defensa ciudadana y derecho a la autodeterminación
Frente a esta realidad, PazCR propone una visión basada en el derecho natural, la Constitución Política y los principios universales de los Derechos Humanos. Su objetivo es fortalecer el sistema democrático mediante la participación ciudadana organizada, pacífica y jurídica. El pueblo tiene el mandato constitucional de ser el poder supremo del Estado, y debe ejercerlo vigilando a sus representantes, exigiendo transparencia y oponiéndose a todo acto que traicione la soberanía nacional.
En esencia, la mayor amenaza para la democracia no es un golpe de Estado armado, sino la indiferencia colectiva ante el abuso del poder y la corrupción institucional. La defensa de la libertad comienza cuando el pueblo recupera la conciencia de que el poder le pertenece.